Fernando Fernández Segado

En el constitucionalismo de la segunda postguerra la dignidad de la persona se nos presenta como el nucleo axiologico constitucional. La Constitucion espanola de 1978 ofrece un buen ejemplo de ello al elevar en su art. 10.1 la dignidad a la categoriaa de «fundamento del orden politico y de la paz social» y, precisamente por ello, al rango de principio rector supremo del ordenamiento juridico. La dignidad debe traducirse en la libre capacidad de autodeterminacion personal, a la par que debe impedir hacer del hombre un objeto de la accion estatal. El art. 10.1 CE es un mandato juridico objetivo que a todos, poderes publicos y ciudadanos, vincula y que cumple una pluralidad de funciones: una funcion legitimadora de orden politico, una funcion promocional y una funcion hermeneutica. En el ordenamiento constitucional espanol, a diferencia del aleman, la dignidad no es un derecho fundamental; es mucho mas que eso por cuanto es la fuente de todos los derechos, pues en todos y cada uno de ellos, con distintos niveles de intensidad, se manifiesta un nucleo de existencia humana derivado de la dignidad de la persona. Dignidad y derechos no se hallan, consiguientemente, en el mismo plano, y ello se traduce en que mientras los derechos tienen lomites, pues no hay derechos absolutos, la dignidad se proclama como valor absoluto. La consecuencia de todo ello es que la dignidad, en su proyeccion sobre los derechos individuales, ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la situacion en que la persona se encuentre, constituyendo, en consecuencia, un minimum invulnerable que todo estatuto juridico debe asegurar. Por ultimo, la dignidad ha venido a operar como un lmite frente al ejercicio abusivo de los derechos, habiendo de entenderse que cualquier violacion de la dignidad personal producida a raoz del ejercicio de un derecho convierte dicho ejercicio en abusivo, privando a quien asactua de toda cobertura constitucional o legal.